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El Consejo Económico y Social de Alcalá de Guadaíra, presidido por Carlos García Gandul, ha emitido el informe preceptivo sobre las ordenanzas fiscales municipales para el ejercicio 2025, en el que ha criticado la finalidad «recaudatoria» de la modificación de la tasa de vado. Tras una reunión informativa mantenida con la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento el pasado 3 de octubre, el Consejo ha propuesto una serie de modificaciones al proyecto de ordenanzas, las cuales fueron discutidas y aprobadas en pleno el 9 de octubre.
Respecto a las nuevas modificaciones planteadas por el Ayuntamiento, el Consejo ha expresado su desacuerdo con la redacción de la tasa por «vado de cochera», que ahora afectaría a todos los accesos privados desde la vía pública, calificando la medida como meramente recaudatoria. También ha solicitado que se realicen inspecciones más rigurosas para asegurar que todas las placas de vado estén al corriente de pago.
Finalmente, el Consejo ha sugerido que las empresas que utilizan el acceso de vehículos solo para la entrada y salida de mercancías sean eximidas de esta tasa, una medida especialmente relevante en los polígonos industriales donde el mantenimiento de las calles recae en las Entidades de Conservación.
Recomendaciones de 2024
El Consejo se ha reiterado en varias sugerencias previamente planteadas para el ejercicio de 2024, las cuales no fueron acogidas por la Corporación Municipal. Una de las más destacadas es la ampliación de la penalización en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Uso Urbano (IBIU) para terrenos urbanos sin edificar, una medida que el Consejo considera crucial para evitar el deterioro de ciertas zonas de la ciudad.
También se ha recomendado extender las bonificaciones por la instalación de placas solares en inmuebles empresariales, dado el alto consumo energético de este sector y los beneficios medioambientales que la inversión en autosuficiencia energética conlleva.
Por otro lado, el Consejo ha calificado de desproporcionado el aumento del 60% en la tasa de basura para actividades económicas, en comparación con los incrementos mucho más moderados para viviendas y unidades de contadores, del 11,25% y 15% respectivamente.
Y, por último, la ampliación del calendario fiscal para pensionistas, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, especialmente en casos de necesidad social.