Imagen de la protesta vecinal ante el nuevo crematorio de Alcalá de Guadaíra. Francisco Amador
Imagen de la protesta vecinal ante el nuevo crematorio de Alcalá de Guadaíra. Francisco Amador

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez y Andalucía por Sí, ha admitido a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los vecinos de las barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario, pertenecientes a Sevilla capital, contra la calificación ambiental favorable emitida para el crematorio promovido por Gesser Montesierras en la calle Palmetillo Cuatro, en el término municipal de Alcalá pero muy cerca de dichas viviendas de la capital hispalense.

Así figura en un acuerdo adoptado el pasado 10 de enero por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y recogido por Europa Press, en el que dicha administración resuelve, no obstante, «desestimar la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado por no concurrir las circunstancias establecidas» para ello, es decir que no acepta la petición de suspender provisionalmente la citada calificación favorable.

El colectivo, recordémoslo, insiste en que el crematorio ha sido autorizado por el Ayuntamiento de Alcalá en una zona de su término municipal próxima a estas viviendas de Sevilla capital y a establecimientos comerciales y de restauración, centros educativos y deportivos y donde está «próxima la construcción de cientos de viviendas sociales para personas vulnerables promovidas por Emvisesa, bloques con cientos de viviendas sociales en régimen de alquiler para menores de 35 años o bloques de pisos Aedas Home». Recientemente, el colectivo de vecinos alertaba de de que en las viviendas ya se percibían «malos olores», incluso de «carne quemada».

En el citado acuerdo, el Consistorio alcalareño recoge así «las quejas de los vecinos por la implantación del crematorio, cuyo fundamento se basaba, fundamentalmente, en un posible error a la hora de emitir el informe de evaluación de impacto en la salud favorable por parte de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que tras ser consultada respondió que al tratarse de «un procedimiento de competencia local ya terminado, corresponde al Ayuntamiento realizar los trámites legales previstos en su normativa de aplicación, para en su caso, revisar la resolución favorable de calificación ambiental y acto de otorgamiento de licencia urbanística, no procediendo revisar ahora el informe de impacto en salud emitido el 13 de octubre de 2022».

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