Las principales plataformas y movimientos de pensionistas de España, entras las que figura la Plataforma Alcalareña, han anunciado la cancelación de las movilizaciones previstas tras confirmarse el incremento de las pensiones para 2025. No obstante, han expresado su indignación por lo que consideran un trato injusto en el Congreso de los Diputados y advierten que seguirán en la lucha para garantizar sus derechos.
Críticas al Congreso y advertencias futuras
Según el comunicado emitido el 3 de febrero de 2025, las organizaciones denunciaron el «incumplimiento de la ley contra un derecho fundamental, como la revalorización de las pensiones» y exigieron a los partidos políticos que esto «nunca más debe repetirse». Aseguran que la movilización ha sido clave para evitar que se traspasara «una línea roja infranqueable» y que cualquier intento de volver a la situación anterior a 2018 será enfrentado con protestas masivas.
Rechazo al aumento de la edad de jubilación
Las plataformas de pensionistas también manifestaron su rechazo al decreto 11/2024, aprobado el pasado 22 de enero con los votos de PP, PSOE, Sumar, ERC, PNV, CC y UPN. Este decreto «pretende compensar bajos salarios y pensiones compaginando trabajo y pensión mediante el aumento de la edad de jubilación que puede llegar hasta los 72 años».
Según la declaración, esta medida afectará especialmente a las personas con empleos precarios, en su mayoría mujeres, y a los jóvenes, a quienes dificultará su incorporación al mercado laboral y fomentará la precarización. «Este decreto también supone para la juventud retardar y dificultar su incorporación al trabajo, y fomenta la precarización de sus condiciones laborales», señalaron.
Compromiso con la defensa del sistema público de pensiones
Los movimientos firmantes, entre ellos COESPE, EHPM, MADPP, MODEPEN y diversas plataformas territoriales, reiteraron su compromiso con la defensa del sistema público de pensiones y su oposición a cualquier intento de privatización. «Seguiremos en la calle como lo venimos haciendo desde hace más de siete años», aseguraron, insistiendo en la necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social y de garantizar la dignidad de las pensiones públicas.