- La Plataforma Alcalareña rechaza la derogación del decreto de pensiones y anuncia movilizaciones
- La Plataforma Alcalareña cancela la movilización prevista para el 22 de febrero
El pasado 12 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó la revalorización de las pensiones dentro del Real Decreto-Ley 1/2025, un incremento contemplado en la Ley 21/2021 y que ha sido respaldado por los grupos progresistas y el Partido Popular (PP). En contra votó Vox, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) se abstuvo.
A pesar de este avance, la Plataforma Alcalareña en Defensa de las Pensiones Públicas y otros colectivos han manifestado su indignación por el debate parlamentario, criticando lo que consideran una «escenificación» que pone en riesgo un derecho fundamental como la actualización de las pensiones.
Las movilizaciones, clave para evitar un retroceso
Desde la plataforma aseguran que la presión social ha sido determinante para frenar cualquier intento de vulnerar los derechos de los pensionistas. «Nuestra respuesta en todos los territorios del Estado ha sido clave para evitar un ataque a las pensiones públicas», subrayan. Consideran que la movilización ha sido fundamental para impedir que se traspasara una línea roja infranqueable.
No obstante, advierten que aún quedan muchas reivindicaciones pendientes y que seguirán en las calles «el tiempo que sea necesario» para garantizar su cumplimiento.
Críticas a la ampliación de la edad de jubilación
Las plataformas de pensionistas también han denunciado la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2024, respaldado en el pleno del 22 de enero con los votos de PP, PSOE, Sumar, ERC, PNV, Coalición Canaria y UPN. Esta norma, que promueve la compatibilidad entre pensión y trabajo, posibilita el retraso de la edad de jubilación hasta los 72 años.
Los colectivos consideran que esta medida, aunque se presenta como voluntaria, supondrá un retraso forzado de la jubilación, afectando especialmente a los trabajadores con menores ingresos y a las mujeres. También advierten de su impacto negativo en el acceso de los jóvenes al mercado laboral, al retrasar la renovación generacional y fomentar la precarización del empleo.
Las asociaciones han reiterado su determinación de continuar luchando contra lo que consideran un intento de privatización del sistema público de pensiones. Además, exigen la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, la mejora de los salarios y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas.