El bloqueo administrativo y judicial obliga al gobierno a cambiar sus planes para La Mina
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- Si la semana pasada conocíamos que el TSJA había admitido las medidas cautelares solicitadas por el PP que, de momento, evitarán el derribo de las casas de la Plaza Cervantes, esta semana el gobierno ha dado a conocer que renuncia a adjudicar su proyecto en la calle La Mina, que harán ahora técnicos municipales.
- Hasta el momento, el Ayuntamiento había sacado a licitación la redacción del proyecto arquitectónico para La Mina y la recuperación del molino. Solo se presentó una empresa, y el gobierno decidió declararlo desierto, y volver a convocar otro. La disconformidad de la única propuesta presentada, que cumplía con los criterios marcados, recurrió al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA). Este órgano administrativo mandó paralizar el proceso de contratación al Ayuntamiento de Alcalá, que desde el otoño lleva sin poder avanzar en la reforma de La Mina.
- Así que, primero el recurso del TARJA, y después el TSJA con la paralización de la nueva calle desde la Plaza Cervantes, han obligado al gobierno del PSOE y Cs a mover ficha si no quieren perder los fondos europeos. Por eso, este viernes la Junta de Gobierno anunciaba la renuncia al proyecto de rediseño de La Mina, que ahora realizarán los técnicos municipales de la Gerencia de Servicios Urbanos.
- Sin embargo, esta nueva decisión no ha estado exenta de polémica. En primer lugar por las cuestionables imágenes que el gobierno difundió sobre el proyecto que quiere hacer en La Mina, y que ha provocado la mofa de muchos en las redes sociales.
- Pero mucho más preocupante que una infografía, es el cambio de argumentación municipal. Y es que, mientras en junio y en septiembre, el gobierno afirmaba que la insuficiencia de medios propios hacía necesaria la externalización de dicho contrato, ahora dice de forma rotunda que el Ayuntamiento cuenta con medios y recursos suficientes para llevarla a cabo con «calidad garantizada». Y aquí se avecina una nueva tormenta política -y veremos si judicial- por el cambio de criterio y argumentación en cuestión de semanas.
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