Alwadi-ira-Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso contencioso administrativo a contra la resolución de la Junta que aprueba el proyecto de incineración o valorización de residuos en la cementera Portland Valderivas de Alcalá de Guadaíra.
Los ecologistas, tras un acuerdo de la Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores, de la que forma parte, ha interpuesto el recurso contencioso administrativo después de que la Junta no haya contestado al recurso de alzada. Este se interpuso contra la resolución de fecha 26 de enero de 2024 de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático que aprobaba el proyecto de valorización de residuos en la cementera.
Portland Valderivas pretende incinerar 197.000 toneladas de residuos año en su planta de Alcalá de Guadaíra. Los ecologistas señalan que entre los residuos «se encuentran lodos de depuradora, neumáticos, resto de residuos sólidos urbanos, papel y cartón, plásticos, residuos textiles y agrícolas» y que son «cantidades colosales que impactarán en la salud de las personas y el medio ambiente».
A juicio de Alwadi-ira, «la tramitación administrativa del proyecto presenta deficiencias graves» que «tienen que ver con las competencias entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental, la documentación solicitada, el deficiente estudio de impacto ambiental, y la posterior declaración, dado que la DIA solo se pronuncia sobre los impactos analizados por el promotor, entre otros».
En este sentido señalan que «el proyecto no realiza un análisis real sobre las alternativas» y que «es necesario un Análisis de Ciclo de Vida de los materiales que constituyen los combustibles derivados de los residuos (CDR) para asegurar que su utilización como combustible que se coincineran en el horno de clínker tiene un mejor aprovechamiento que otras alternativas posibles, como la mejora del rendimiento de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU), la recogida selectiva de la materia orgánica y su utilización como materia prima reciclable o reutilizable».
Insisten los ecologistas en que «no se realizan determinados estudios e informes, entre otros, los relativos al suelo o las aguas, o se omite documentación tiene que ver con seguros, garantías, avales o autorizaciones» y que «se incumple el artículo 6.1c y el artículo 22.3 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otras cuestiones relacionadas con la salud de la ciudadanía».
Por otro lado, Alwadi-ira apunta a que «la ubicación de la estación de medida de la calidad del aire no permite medir la calidad del aire que respira la población de la zona porque no se ajusta a las especificaciones de la resolución ni del informe de evaluación de impacto en salud». Asimismo, «no se demuestra suficientemente que se empleen las mejores técnicas disponibles, no se cumple con el valor límite de emisión NOx par los hornos, se demuestra que los gases de combustión permanecen durante dos segundos en el precalcinador, entre otros aspectos», asegura la sociedad ecologista.
La Plataforma vuelve a demandar con este recurso otro modelo de gestión de los residuos, que no favorezca los intereses particulares de las grandes empresas y que opte por la economía circular y residuo cero, la recogida separada de la materia orgánica y su compostaje.