La deuda histórica del tranvía que la Junta reclama al Ayuntamiento de Alcalá es muy elevada, una estocada a los presupuestos municipales. Suma más de 20 millones de euros por el 17% de las inversiones totales, según el convenio firmado por el exalcalde Antonio Gutiérrez Limones en 2009. Desde entonces, se han escrito muchos capítulos del tranvía y la historia se ha ido distorsionando respecto al acuerdo inicial. De hecho, el PP ni estaba ni se le esperaba al frente de la Junta de Andalucía cuando se firmó el convenio que ha generado una deuda que equivale prácticamente a la partida anual de inversiones del Ayuntamiento.

El gobierno socialista de Limones se comprometió a pagar el 17% de una infraestructura millonaria. Parecía que la Junta ya se había olvidado de reclamarla; sin embargo, antes de finalizar el pasado año llegó la carta que notificó la liquidación. Sin aquel acuerdo, hoy no se estaría hablando del final de las obras en un futuro inmediato. Pero también es cierto que han pasado 16 años prácticamente desde que se firmó, las circunstancias han cambiado, y ahora Alcalá tendría que asumir el pago de una deuda que lastraría proyectos de futuro. El Ayuntamiento conocía desde hacía un año las intenciones de la Junta de reclamar la deuda, aunque nunca trascendió públicamente. Ahora se ha conocido porque la Junta de Gobierno local ha aprobado presentar un recurso contencioso-administrativo contra la liquidación de la Junta.

Este procedimiento podría durar años hasta que se resuelva y el Ayuntamiento ganaran tiempo mientras las obras de la infraestructura avanzan. Consta un informe jurídico emitido por la Secretaría en el que se aportan argumentos sólidos para defender ante la Justicia el patrimonio de la ciudad y evitar así el pago de la deuda. Hay antecedentes de otros municipios en los que finalmente no se pagó la deuda. El caso más cercano es el del Ayuntamiento de Sevilla. La Justicia dio la razón a Zoido (PP) y no pagó a la Junta los 17 millones por los gastos de la línea 1. Existe margen para que Alcalá se libre de pagar porque, además, resultaría injusto que los alcalareños asuman el coste de una infraestructura metropolitana. ¿Pagarán Mairena o El Viso por los vecinos que usen la infraestructura «alcalareña»?

Cabe esperar que la liquidación sea un paripé entre las administraciones para darle solidez jurídica y legal al asunto. De lo contrario, se abriría una etapa de desconfianza que mermaría la aparente «lealtad» institucional que están mostrando Ayuntamiento y Junta en asuntos como el tranvía y la ciudad de la Justicia. Habrá que esperar, ser pacientes y confiar en que se resuelva el conflicto sin dañar el interés general ni que se resienta la economía alcalareña. El pago de una deuda de estas dimensiones redundaría negativamente en el bolsillo de los alcalareños.

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