Los movimientos de pensionistas de Andalucía, integrados en la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COANPE) y el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), han acordado trabajar de manera conjunta para exigir al Gobierno de España el cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021, que contempla la realización de una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
Dicha auditoría debía haberse realizado en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, para analizar los gastos contributivos y no contributivos desde 1967 hasta 2019. Sin embargo, los colectivos denuncian que, pese al carácter obligatorio de la medida, el Gobierno y las fuerzas políticas que la apoyaron no la han ejecutado ni promovido hasta la fecha.
Ante esta inacción, las entidades pensionistas impulsarán una campaña dividida en fases. La primera contempla la presentación de mociones en ayuntamientos andaluces y la recogida de firmas ciudadanas. En una segunda etapa, la campaña se extenderá con mociones en las diputaciones provinciales, acciones en el Parlamento Andaluz y nuevas movilizaciones.
Denuncian un desvío multimillonario de fondos
COANPE y MADPP consideran esta auditoría esencial para visibilizar el desvío sistemático de fondos desde la Seguridad Social hacia otros fines, en muchos casos asistenciales o no contributivos, que debieron financiarse con los Presupuestos Generales del Estado. Esta práctica, según denuncian, supone un incumplimiento del principio de protección al trabajador y a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Los colectivos se apoyan en un informe del Tribunal de Cuentas, que ya advirtió sobre el uso de las cotizaciones sociales para cubrir lo que calificó como «gastos impropios». Solo entre 1989 y 2018, estos desvíos se cifraron en más de 103.690 millones de euros. Otros estudios elevan la cifra hasta los 600.000 millones, e incluso hasta 800.000 millones de euros si se incluye el uso del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social.
Reclaman revertir el daño y frenar la privatización
Además de la auditoría, los pensionistas exigen que se reviertan los 103.000 millones ya cuantificados por el Tribunal de Cuentas al sistema público, destinándolos al aumento de las pensiones mínimas y a la reducción de la brecha de género.
Las organizaciones denuncian también una campaña de desprestigio del sistema público orquestada por intereses financieros, medios de comunicación y partidos políticos, que busca fomentar los planes privados y avanzar hacia la privatización de las pensiones.
El comunicado concluye con un llamado a las instituciones y a la ciudadanía para defender el modelo de reparto y garantizar el futuro del sistema público de pensiones, cumpliendo con las obligaciones legales que, aseguran, siguen pendientes.