La causa tenía su origen en la grabación de una reunión del contable de la empresa pública ACM S.A –constituida en 2001 y liquidada en 2013- con concejales del Ayuntamiento alcalareño y personas vinculadas al PSOE, entre ellos, la actual alcaldesa Ana Isabel Jiménez, donde el primero, sin saber que estaba siendo grabado, reconocía abiertamente una serie de irregularidades penalmente relevantes en el seno de la entidad.

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