En un mundo ideal, los medios de comunicación fiscalizarían con ecuanimidad las acciones de los gobernantes y los ciudadanos retirarían su apoyo a los que actuasen de mala fe o antepusieran los intereses particulares al bien común. Sin embargo, el mundo es imperfecto y algunos políticos tienen la habilidad de aprovecharlo en beneficio propio. A muchas personas no les interesa la política, otras desconocen cómo funciona la administración o qué es el Estado de Derecho, otras aceptan la corrupción y los abusos, otras se dejan arrastrar por la irracionalidad…
Actualmente la mayoría de los medios de comunicación se han puesto al servicio de algún partido a cambio de subvenciones y publicidad institucional. Cada vez hay más ONG alimentadas con dinero público que realmente son marcas blancas de ciertos partidos políticos o de intereses particulares que las utilizan para financiarse, generar clientelas, confundir a la opinión pública o atacar a los rivales. Frente a la arbitrariedad y al uso perverso que algunos gobernantes hacen del dinero y del poder público, los ciudadanos corrientes solo contamos con la protección del Estado de Derecho.
En el Estado de Derecho tanto las personas como las instituciones están sometidas a la ley. Los políticos que piden «desjudicializar la vida política» lo que realmente reclaman es poder actuar al margen de ley, es decir, acabar con la igualdad jurídica y consagrar la impunidad de sus compañeros de partido. Los ataques de Pedro Sánchez a la independencia del poder judicial y de las instituciones públicas en general, anuncian un futuro complicado para nuestra Democracia.
Pedro Sánchez lleva un tiempo colonizando las instituciones públicas con personas que solo atienden a sus directrices: el CIS, RTVE, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado… Ya solo le queda el CGPJ para controlar el poder judicial.
A diferencia de los anteriores presidentes del Gobierno, no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo institucional con el principal partido de la oposición. Durante los tres últimos años 14 de los 17 fiscales que ascendieron a fiscal de Sala están afiliados a la Unión Progresista de Fiscales, pese a que a esta asociación de izquierda solo pertenece un 8% de los fiscales. Los tertulianos venales ya hablan de «lawfare» en las televisiones para que los más incautos acaben aceptando que los jueces independientes puedan ser juzgados en el Parlamento cuando sus sentencias no agraden al Gobierno. Sería el final de nuestra Democracia.
Mientras se perpetran estos gravísimos ataques al Estado de Derecho, las televisiones subvencionadas, en lugar de informar, despistan a los españoles magnificando noticias irrelevantes.
El hecho esperanzador es que la inmensa mayoría de nuestros jueces y fiscales están mostrando una gran valentía, independencia y profesionalidad.